Guatemala. El desplazamiento a pie, de cientos de estudiantes y trabajadores, en las arterias de acceso a la capital, no es parte de un espectáculo gratuito de personas interesadas en ejercitarse en función de su salud, sino el resultado del mal servicio de transporte, en especial del extraurbano destinado a la periferia, y de las limitaciones económicas de los afectados.

Esas oleadas están integradas, en su mayoría, por personas con un empleo en el cual apenas devengan el salario mínimo de Q1 mil 350 por mes, y limitadas, por eso, a la posibilidad de pagar transporte o de hacer erogaciones adicionales por ese servicio, cuando falla la unidad en la cual se desplazan, como ocurre con frecuencia con los autobuses vetustos y mal atendidos de las rutas cortas.

Ese tipo de transporte conurbano se está volviendo prohibitivo para un alto porcentaje de usuarios, y eso explica y justifica las airadas protestas cuando los empresarios, sin una razón valedera, deciden elevar las tarifas, como ocurrió esta semana en Santa Elena Barillas, en jurisdicción de Villa Canales, donde 80 autobuses aumentaron, de manera arbitraria, de Q4 a Q6 el precio del pasaje.

Aquella medida sirvió para hacer una inferencia sobre su impacto en los trabajadores con salario mínimo, pues si a éste se le descuentan al menos Q12 para el pago diario de autobuses, se reduce a Q1,038, y de esa suma deben cubrir alquiler de vivienda, alimentos, vestido, educación y salud. Como se ve, el obrero trabaja casi para el pago de transporte.

Frente a este terrible y silencioso drama, muchos deciden caminar para ahorrarse parte del transporte, mientras otros satisfacen de manera precaria sus necesidades alimenticias, en su trabajo o su hogar, con el fin de poder cubrir otros rubros básicos, entre ellos, los útiles y uniformes escolares y la movilización de sus hijos, cuando tienen la suerte de matricularlos en un establecimiento del Estado.

Las limitaciones de la municipalidad capitalina a la entrada en la ciudad de aquellos autobuses extraurbanos, y las propias del Transmetro, vinieron a complicar las penurias de aquel sector laboral, aunque en ciertas arterias –no precisamente en la calzada Aguilar Batres– hayan tenido algún resultado para aliviar los embotellamientos del tránsito.

Aquel servicio básico se encuentra en un limbo regulatorio, pues no figura entre los controles del ayuntamiento capitalino y de las comunas de la periferia, y su relación es formal y lejana con la Dirección de Transportes, del Ministerio de Comunicacionles, la cual sólo responde por la extensión de licencias de operación, y deja al azar la conducta de los pilotos, el estado de las unidades y el manejo de tarifas.

Esa ausencia de autoridad es la causa de infinidad de abusos y deficiencias, entre ellas la sobrecarga de las unidades, el maltrato a los usuarios, la aplicación de tarifas leoninas y las continuas fallas mecánicas de los autobuses, a causa de lo cual miles de personas se quedan a diario a la mitad de su camino, y como no les devuelven el dinero del pasaje, deben caminar largas distancias para llegar a su destino.

Es urgente normar aquel servicio, porque las personas pobres pagan un precio muy alto por la discrecionalidad empresarial.

Tomado de Prensa Libre